El mártir de La Rinconada
El 25 de noviembre de 1860, a cinco días de la muerte del gobernador de San Juan, José Antonio
Virasoro, un decreto firmado por el presidente Santiago Derqui en acuerdo de ministros, iba a tener gran
repercusión en la provincia.
El decreto comisionaba al gobernador de San Luis, coronel Juan Saa, importante jefe federal,
“para que representando al gobierno nacional, restituya el orden en San Juan aniquilado, adoptando al
efecto las disposiciones y medidas que creyese convenientes y legales”.
Saa recibió un pliego de instrucciones. Allí el presidente Derqui le decía:
“Si encontrase al pueblo de San Juan en plena función y libre ejercicio de sus derechos, apoyará
sus deliberaciones si en ello no tuviera influencia directa o indirecta la revolución.
Si los revolucionarios o anarquistas, como es creíble, estuvieran dominando la provincia de San
Juan y sus destinos, la someterá de la manera que estimare más conveniente, haciendo declaración del
estado de sitio y asumiendo el mando de la provincia.”
José María Lafuente, secretario de la misión federal y antiguo secretario de Mitre, envió una carta
a Antonino Aberastain:
“El excelentísimo señor Saa espera la contestación de ese gobierno a su nota oficial y, si ella es
cordial y amistosa como corresponde, su excelencia se pondrá en marcha hacia San Juan sin más séqui-
to que los coroneles Conesa y Paunero y una pequeña escolta. Pronto usted recibirá carta de nuestro
amigo de mi jefe (Mitre), Sarmiento”.
Cuando la carta llegó ya el gobernador Coll había convocado a elecciones de diputados y
doblan-
tes
para elegir gobernador propietario. Y el elegido era precisamente Antonino Aberastain, para el
gobierno de la Confederación el principal instigador de las muertes de Benavides y Virasoro.
Saa, entretanto, el día 7 de diciembre había mandado una nota al gobernador interino en tono con-
ciliador, en la que aseguraba que no pretendía
“imponer al pueblo un candidato ni colocar un partido”.
Pero con firmeza le pedía
“suspender entretanto todo procedimiento que pudiera alterar el actual esta-
do de cosas en San Juan con respecto a su organización”.
Coll estaba dispuesto a abrir las negociaciones.
Aceptó suspender la asunción de Aberastain. Pero hizo una salvedad:
“El gobierno de San Juan se presta a toda medida de V.E. sin oponer juridicción y soberanía
Revoluciones y crímenes políticos en San Juan
Juan Carlos Bataller
92
93
El marco nacional
La unidad nacional, a raiz del rechazo del acuerdo de San Nicolás por parte de Buenos Aires en 1852,
estaba quebrada.
El pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859 intentó componer las relaciones.
En enero de 1860, una convención porteña significó otro paso importante en pos de la unidad. Buenos
Aires renunciaba a la Aduana, que pasaba a ser de la Nación y la decisión sobre la futura capital de la repú-
blica se difería a una ley del Congreso
El 11 de
mayo de ese año, Sarmiento, diputado a la convención de Buenos Aires expresaba:
“Queremos unirnos, queremos volver a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Derqui, presidente de la Confederación, preside desde Paraná.
Mitre, gobernador del Estado de
Buenos Aires, con representación diplomática en el extranjero, representa el otro poder.
El 8 de octubre de 1860, un decreto de Derqui designa a la nación
Provincias Unidas del Río de la
Plata, República Argentina o Confederación Argentina, indistintamente.
El 25 de octubre de 1860, la Convención de Santa Fe, culmina la reforma constitucional.
En medio de este clima favorable, se producen los hechos de San Juan: la muerte de Virasoro y la
intervención de Saa, que atrasan lo avanzado en pos de la unidad nacional.
San Juan, nuevamente, en el centro del huracán nacional.
El marco provincial
El 24 de octubre de 1858, Nazario Benavides, gobernante sanjuanino durante casi cuatro lustros, fue
asesinado en la celda del Cabildo, donde lo tenían preso.
El 16 de noviembre de 1860, el coronel José Antonio Virasoro, gobernador de San Juan, fue asesina-
do junto a amigos y miembros de su familia en su propia casa.
Los dos eran gobernadores federales. En ningún caso se castigó a los culpables.
El asesinato de Virasoro colmó el vaso.
“Al día siguiente la gente se miraba una a otra y se agacha-
ban, teniéndose miedo a si mismos. Los que dieron los primeros tiros a Virasoro, negaron que hubiesen ellos
asistido y culpaban a otros. El remordimiento también empezó a hacer efecto y yo he visto a algunos hacer
acciones de locos, según era el miedo que les entró”.
El relato de un testigo presencial pinta con elocuencia el clima que se vivía en San Juan.
En primer lugar, porque el asesinato fue una barbaridad.
Y en segundo término, porque eran previsibles las represalias, tanto del gobierno central como de las
montoneras federales al mando del Chacho Peñaloza.
Dos días estuvo en el cargo el gobernador elegido por una asamblea ante la acefalía producida. Pedro
Nolasco Cobo convocó a la población para el día 17 de noviembre.
—Al que no quiera venir, me lo traen a la fuerza—
fue la orden de Cobo a las patrullas.
Así fue como la mayoría de los 319 presentes eligió a Francisco T. Coll, de 43 años, gobernador inte-
rino de San Juan. Y este nombró al doctor Antonino Aberastain y a Valentín Videla como sus ministros.
La composición del gobierno dejaba a las claras que Coll procuraba sortear una acción punitiva nacio-
nal. El gobernador era liberal, Aberastain, hombre de Sarmiento y Mitre, Videla, del bando
beato
o
pelucón
,
que evolucionó hacia el sector federal y amigo de Benavides. Jefe de Policía fue designado el ex goberna-
dor, coronel Francisco D. Diaz, federal benavidista disidente.
Con este cuadro político comienzan a desarrollarse los sucesos que narramos.
