Se acreditó que Aguilera vivía en una casa situada a mitad de
la calle Ecuador (hoy Sarmiento), a mitad la cuadra entre lo que hoy
son las calles Laprida y Rivadavia, a pocos metros de donde fue
encontrado el cadaver de Videla.
Juan López era “conchabado” de García Aguilera y López
Montoro “fue encomendado para reunir a los asesinos”.
La investigación arrojó que en
momentos que
Valentín
Videla caminaba por calle Ecuadror hacia el sur, fue detenido por el
grupo e introducido por una puerta falsa que llevaba a la casa del
chileno, donde fue ultimado a golpes. Luego sacaron el cuerpo a la
calle.
Se supo también que el chileno García Aguilera y los López
habían sido visto varias veces juntos
—Parece que el plan se venía madurando desde hacía tiem-
po y que estos se reunían para ajustar detalles.
La policía detuvo a Aguilera, a López y a López Montoro.
La calle dio entonces un veredicto instuitivo:
—El caso está claro: el instigador ha sido Vicente García Aguilera y el ejecutor su hermano
Benjamín, junto con elementos vinculados a Santos Guayama, el famoso bandolero..
La calle dio entonces un veredicto instuitivo:
—No investiguen más: el instigador ha sido Vicente García Videla y el ejecutor su hermano
Benjamín.
Con esta hipótesis, las cosas cerraban. El vicerrector despechado se vengaba de Videla y Santos
Guayama del gobernador que lo había reprimido. Al menos para la opinión pública, estaba todo claro.
El procurador fiscal no dudó en solicitar la pena de muerte para García Aguilera.
Pero un día que llevaban los reos para que declararan, estos lograron fugarse, huyendo rumbo a
Chile.
Salió una comisión policial tras los acusados y durante un reconocimiento cordillerano logró apre-
sar a López
Montoro pero cuando lo traían de regreso a San Juan, en el lugar denominado Valle
Hermoso, en territorio sanjuanino,
“el procesado fue capturado por compatriotas suyos y sustraído de
la juridicción argentina”,
según el informe que dio la policía al entonces gobernador Hermógenes Ruiz,
el 1 de junio de 1875.
La sentencia
A casi tres años del crimen, tras demoras motivadas en que la causa se había paralizado por hallar-
se prófugos los implicados, el juez Rafael S. Igarzábal dictó sentencia, condenando a muerte al único reo
habido: Juan López.
En sus partes sustanciales, la sentencia sostuvo:
“San Juan, octubre 30 de 1875.
Vistos: Resulta de esta causa que el 12 de diciembre de 1872, como a las 12 de la noche, pasaba
el señor gobernador propietario de la provincia don Valentín Videla por la calle Ecuador en dirección
al sur, y al enfrentar a la puerta falsa de la casa habitada por Benjamín Aguilera, le asaltó una cuadri-
lla de asesinos capitaneada por el reo Juan López. Lo derribaron al suelo a golpes con un elemento con-
tundente de hierro y lo entraron a una pieza del zaguán, del lado norte, donde lo ultimaron.
Después
Revoluciones y crímenes políticos en San Juan
Juan Carlos Bataller
122
123
Hermógenes Ruiz
sacaron el cadáver a la calle y lo pusieron recostado en la pared de enfrente de dicha casa, en donde
al día siguiente fue encontrado por la policía y la justicia que concurrió a dicho lugar”.
Agregaba el escrito:
“Que capturados Aguilera y otros de los autores fueron encausados y cuando Aguilera con la
pena de muerte solicitada por el señor procurador fiscal don Lisandro A. Laval, según su vista corrien-
te a fojas 282 de los autos mandados traer a la vista, se fugó de la cárcel dicho reo y después sus com-
pañeros, por lo cual el superior Tribunal de Justicia mandó por resolución del 12 de mayo de 1874, sus-
pender el procedimiento criminal respecto de los prófugos hasta que sean capturados”
La causa —por lo que dice la sentencia— había quedado reducida a Juan López ante la ausencia
de los restantes.
Y el fiscal Daniel S.
Aubone pidió para él la pena de muerte
“no sólo por la vindicta
pública sino por el honor del pueblo de San Juan”.
La sentencia fue revocada por el tribunal de alzada integrado por Anacleto Gil,
Guillermo Oro y
Manuel García, quienes argumentaron que los testigos de la instrucción sumarial no se hallaban ratifi-
cados a excepción de Benjamín Bates y Miguel Alvarez y no hacían pruebas. “Aparte —decía el fallo—
de que el testimonio de Bates es simplemente de oídas”.
En resumidas cuentas, habían pasado tres años, la causa judicial tenía más de 300 folios, se había
hablado mucho pero lo único concreto es que se había puesto en evidencia a tres autores materiales. Dos
(Aguilera y López Montoro) estaban prófugos. El tercero, en libertad.
Nada se sabía de los restantes ni
de los presuntos instigadores.
Como se verá a lo largo de la historia, en San Juan la justicia siempre fue así...
Se reabre la causa
El 19 de julio de 1876 se reabrió la causa.
El motivo: una acusación contra un tal Vicente Rodríguez.
El fiscal alegó que con anterioridad al asesinato, don Apolinario Rodríguez había dicho a algunos
vecinos de Pocito:
—No paguen nada al beato de Videla, pronto lo vamos a derrocar.
El procurador fiscal aportó los testimonios de los vecinos Julian Mazo, Eusebio Dojorti, Juan José
Videla, José Pedro Cortínez, Francisco Domingo Aguilar y Rosario Ontiveros.
Sostuvo que un ciudadano se había presentado ante el gobernador y le había asegurado “que los
asesinos de su antecesor eran Vicente Rodríguez, Benjamín García Aguilera, Pablo Ojeda, un López
Montoro, un López y un Mercado, algunos de los cuales concurrían a la casa de García Aguilera, la que
debía ser teatro del crimen”.
La acusación señalaba que a continuación del crimen,
Apolinario Rodríguez robó un caballo de
propiedad de Eusebio Dojorti “con el objeto de que escapase su hijo, o mejor dicho que emprendiera la
fuga Vicente Rodríguez”.
El caso es que los Rodríguez se buscaron un buen abogado, don Javier Baca, quien fundó una
extensa defensa en un larguísimo escrito, impidiendo a la justicia pronunciarse.
Y así quedaron las cosas.
En el mayor de los misterios.
Para unos fue un crimen pasional.
Para otros una cuestión de intereses.
Una hojita llamada “Prolegómenos” se dio el lujo de dar hasta los rasgos fisonómicos de cada
uno de los asesinos pero, ya sea por virtud de los abogados defensores o por inoperancia de la justicia,
nada se pudo probar.
