Un fraile dominico, Roque Mallea, le
confió al oído que su vida corría serio ries-
go.
Ante ello el joven mandatario depuesto
partió a caballo a Mendoza, amparado por
un salvoconducto obtenido por el fraile.
Ya en Mendoza,
Del Carril comenzó
las gestiones para recuperar el gobierno.
El regreso del gobernador
Del
Carril
no
estaba
solo
en
Mendoza. Pronto se le unieron decenas de
comprovincianos, entre ellos la plana mayor
de su partido, conformando un verdadero
gobierno en el exilio.
Trata de interesar a los mendocinos pa-
ra que intervengan en San Juan pues —argu-
menta—
“el movimiento local representa un
peligro para las demás provincias porque
puede extenderse”.
Mendoza actúa con cautela.
Del
Carril se impacienta, sus adictos también.
La
Sala
de
Representantes
de
Mendoza, presidida por Godoy Cruz, san-
ciona
una ley
que autoriza al
Poder
Ejecutivo “a intervenir en los asuntos de San Juan como crea conveniente”.
El gobierno decide, entonces, intervenir militarmente, acordando que “el pueblo de San Juan está
bajo la protección de este gobierno” y condiciona la ayuda a que
“el gobierno de San Juan se obligará
a resarcir los gastos que se hicieren en el restablecimiento de orden en la provincia”.
Fernández Maradona tampoco se queda quieto. Busca apoyo en Córdoba, gobernada por Juan
Bautista Bustos el 31 de agosto, ante la inminente intervención.
Envía a Mendoza un delegado, Timoteo Maradona, el cuál no sólo no fue oído sino que se lo
encarcela.
Dispuesta la intervención armada, el gobernador Correas coloca al frente al coronel José Aldao.
Lo mismo ordena Del Carril a la compañía formada por sus partidarios.
El poder central, el 3 de setiembre, autoriza al gobierno de Mendoza “para que tome cuantas medi-
das considere oportunas a fin de hacer desaparecer de aquel territorio la anarquía que ha empezado a
desenvolverse de un modo que hace temer las más funestas consecuencias a la paz y la felicidad de toda
la República. En el orden nacional predomina el grupo unitario quien se propone entregar al país una
Constitución de acuerdo con su ideologia y no puede permitirse perder una pieza importante como es
San Juan.
Bajo las ordenes de Aldao se encuentran sus hermanos Francisco y José Felix, el célebre fraile
Gabino García, Lorenzo Barcala, Francisco Moyano y José Ignacio Mendieta, el sanjuanino que coman-
daba a los emigrados.
Maradona improvisa un ejército y pone a su frente a Mariano Olazábal.
—Juro por mi honor defender la causa con mi vida—, dijo Olazábal.
Pero advirtió la gravedad del momento, la que
al parecer pasaba desapercibida para los dirigentes
del grupo sublevado: “sin una autoridad a quien la
soldadesca en armas insurreccionada respetase y obe-
deciese y con el peligro de un saqueo, de muertes,
violencias y otros excesos y crímenes, procedan a
designar un gobierno de hecho para ocurrir con pron-
titud a la seguridad y tranquilidad de la población”.
Ya no era una cuestión de ideas o legalidad.
Estaba en juego la seguridad de la sociedad.
Ese mismo día 27 se reunió parte del vecinda-
rio en la capilla de San Clemente, contigua al cuartel.
Y
proclamó
gobernador a
Plácido
Fernández
Maradona, uno de los ideólogos del movimiento sub-
versivo. Este juró el cargo y designó ministro al pres-
bitero José Manuel Astorga y depositó el
mando de
las tropas en Juan Antonio Maurín. antiguo capitán
del Batallón número 1 de Cazadores de los Andes.
Fernández
Maradona pensó que estaba todo
dicho y que la situaciónm era irreversible.
Mandó
poner en libertad a Del Carril, exhortó a los defenso-
res del gobernador electo a que volvieran a sus hoga-
res y depusieran las armas y designó a
“un hombre de
mi entera confianza y militar acreditado de carrera”
al frente de los efectivos sublevados, el comandante
Manuel Olazábal.
Convencido de su accionar, el fanatizado
nuevo mandatario escribe el 5 de agosto al goberna-
dor de Buenos Aires, general Juan Gregorio de las
Heras, encargado del Poder Ejecutivo
Nacional,
explicando que el movimiento revolucionario había
estallado por el descontento de los vecinos
“con la
intespestiva sanción y publicación del papel titulado
Carta de Mayo”
.
Y aclara que él se había visto obli-
gado a tomar el mando
“creyendo que así se cortarían las disensiones y se restituiría el país a su anti-
gua pacificación”.
Mientras esto escribía y tal como lo pedía la proclama, la Carta de Mayo fue quemada en la Plaza
Mayor y el departamento de Justicia en pleno, con sus jueces de primera y segunda instancia, que per-
manecían en Angaco, dimitieron conjuntamente.
La ciudad permanecía bajo el estado de sitio.
No tardan en iniciarse tratativas entre los dirigentes que resistían en Angaco y el nuevo goberna-
dor, que se concretan en el acuerdo del “Pedregal de Chimbas”. En cumplimiento de lo pactado el grupo
armado se disolvió, jurando previamente mutua cooperación y defensa.
Del Carril, a todo esto, no permanecía quieto. Solicitaba ayuda al gobierno de Buenos Aires y pro-
piciaba una asamblea para analizar la situación.
Revoluciones y crímenes políticos en San Juan
Juan Carlos Bataller
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El primer periódico
El primer periódico con que
contó San Juan fue “El defensor de la
Carta de
Mayo”, una publicación de
combate que tenía como objetivo con-
testar las objeciones que se hacían al
proyecto.
Apareció por primera vez el 29
de junio de 1825, al día siguiente de
asumir Salvador
María del
Carril
como gobernador. Precisamente,
Del
Carril y Rudecindo Rojo fueron sus
principales plumas.
El segundo y último número se
editó el 14 de julio.
Es oportuno destacar que gra-
cias a Del Carril San Juan fue una de
las primeras provincias que tuvo
imprenta. Sólo poseían una prensa
Buenos Aires, Tucumán,
Mendoza,
Córdoba y Entre Ríos.
La reglamentación sobre el uso
de la imprenta disponía que cualquier
particular podía utilizarla, pagando
20 pesos por la composición del plie-
go o entregando el papel y dejando el
producido a beneficio de la misma.
Con este sistema pudo editar El Zonda
Domingo Faustino Sarmiento años
después.
