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confíe en esos jueces…
—Naturalmente el Estado Constitucional y Democrático de Derecho y
el sistema social y político, deben brindar las condiciones y garantías
para que los jueces se sientan institucionalmente seguros y respaldados
en el libre ejercicio de su magistratura y el desarrollo de su misión ju-
risdiccional, con independencia e imparcialidad que constituyen dos pi-
lares básicos y vitales de la ética judicial. Precisamente, la falta de estas
dos cualidades en los jueces conduciría a la paradoja de que quienes
deben ser los garantes de la efectividad de los derechos, aportan a la
causa de la violación de éstos.
La práctica sistemática de amenazas verbalizadas o soterradas de juicio
político o de denuncias ante el jurado de enjuiciamiento que se ciernen
sobre magistrados que deben decidir casos con trascendencia pública o
en los que existen intereses políticos en juego, conspiran gravemente
contra un desenvolvimiento independiente y adecuado de la trascen-
dente función jurisdiccional a su cargo.
—Aunque no existieran lo que podríamos llamar “compromisos de
origen”, no debemos descartar que un juez puede responder a ideo-
logías…
—En modo alguno se postula que los jueces deban carecer de ideología,
porque son seres humanos y no máquinas, con sentimientos, pasiones,
defectos y virtudes. La asepsia ideológica en aquéllos sería además pe-
ligrosa ya que deben lidiar con cuestiones de textura social, que en su
bagaje genético portan una fuerte carga ideológica, como las que invo-
lucran a la Constitución, el accionar de los Poderes del Estado y la tutela
de los derechos fundamentales.
En todo caso, los requisitos de independencia e imparcialidad que aquí
se predican (además del de idoneidad) apuntan a que los jueces no sean
rehenes del gobierno de turno ni se dejen doblegar por presiones polí-
tico—partidistas; que sean valientes pero no temerarios ni irreflexivos
a la hora de tomar sus decisiones; que sean demócratas, no desde la
vacía retórica, sino en sus pensamientos y acciones; que estén consus-
tanciados con la importancia cardinal de los derechos humanos; que
sean conscientes de su rol esencial en el Estado de Derecho y, con pru-
dencia, que prevean el impacto y las probables consecuencias que las
sentencias que emiten pudieran tener en la sociedad civil, el Estado y el
ámbito internacional.
Y todo ello porque, en buena medida, la legitimidad de los magistrados
Juan Carlos Bataller
