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Público, aunque aquí nos ceñiremos a aquella por ser el objeto de la pre-
gunta); y también para ascender en la carrera en los casos de aquellos
magistrados que ya prestan funciones en la estructura judicial.
Respecto del primer caso, la idea es que los abogados con verdadera vo-
cación por la labor jurisdiccional sigan la carrera judicial a implementar,
se preparen adecuadamente para el desempeño de tales roles, se gra-
dúen y luego sean quienes − en función de un orden de méritos y cali-
ficaciones − nutran gradualmente las vacantes que se produzcan en los
estamentos iniciales (juez de primera instancia).
—¿Qué pasaría con los magistrados en funciones?
—La escuela judicial debería aglutinar también a los jueces que ya ocu-
pan cargos en el Poder Judicial, a los efectos de una actualización con-
tinua, además de generar los mecanismos de ascensos en función de las
vacancias que se generen (por ejemplo, un puesto de camarista para un
juez de primera instancia). La idea—fuerza podría condensarse así: ca-
pacitación y actualización contínuas para la búsqueda de eficacia y efi-
ciencia, dentro de las exigencias deontológicas que impone la función
jurisdiccional.
—Usted se refirió también a la calidad del trabajo del magistrado.
—Yo diría que no hay que perder de vista que, en ocasiones, el modo
como los jueces desarrollan sus actividades está asociado al canal que
utilizaron para ser designados.
De allí la importancia “estratégica” de fortalecer los sistemas de de-
signación de magistrados para factibilizar la selección de postulantes
con una vigorosa formación profesional y fundamentos éticos sólida-
mente arraigados. Pensando en términos de “deber ser”, los jueces
deben desenvolver sus labores y cumplir sus deberes consolidando la
legitimidad de ejercicio de sus cargos.
En otras palabras, es preciso que actúen con prudencia, autocontención,
coraje, imparcialidad e independencia, a la hora de dictar sus sentencias.
Para lo cual deben prescindir del interés, opinión, presión o amenaza
de terceros, sean éstos las partes del conflicto o los poderes públicos,
grupos políticos, poderes económicos e incluso medios de comunicación
y la propia opinión pública.
—Además del origen de la designación será necesario que la sociedad
San Juan
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