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En cada despacho de un Fiscal, de un Juez, habrá
acceso directo
al Re-
gistro de Reincidencias, de Rebeldía y de Captura, cada investigador
podrá recabar información inmediata al Registro del Sistema Nacional
Automatizado de Identificación Balística (SAIB), lo mismo que de los
Registros de la Propiedad, del Automotor, Tribunales Electorales, Licen-
cias de Conducir, ECO, etc., etc.
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Se habrá acordado por el Ministerio Público Fiscal, con las compañías
prestatarias del servicio de telefonía celular, la organización del proceso
de intercambio de información.
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Se habrá centralizado “la apertura judicial” de teléfonos celulares, a
fin de la extracción de los datos en ellos contenidos (Directorio, Buzón
de SMS, Llamadas Recientes, Archivos, Multimedia, etc.).
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Se habrá logrado “despapelizar” parcialmente la investigación penal
preparatoria a través del resguardo seguro de la información en formato
digital, formato que asimismo facilitará notablemente su análisis y pro-
cesamiento. Se habrá creado una oficina que centralice la gestión, el pro-
cesamiento y el análisis de “información tecnológica” útil a la
investigación criminal.
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Habrá verdaderos concursos de antecedentes y oposición, no solo en
la designación de Magistrados y Miembros del Ministerio Público, sino
también para el reclutamiento de Funcionarios, Técnicos y Administra-
tivos, y la carrera judicial se definirá según la idoneidad del Agente.
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Se entenderá, aunque parezca hoy un imposible, que el Poder Judicial
se justifica por la resolución de conflictos, reconociéndose a Jueces y
Miembros del Ministerio Público el lugar que les corresponde en su
seno,
se los respetará en el propio ámbito de la Justicia.
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Habrá control de gestión, estará todo informatizado en serio y no en
los discursos, habrá firma digital.
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El ciudadano podrá controlar el estado de su causa, podrá verificar el
trabajo de Jueces y Abogados.
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Las Facultades de Derecho habrán revisado sus caducos programas
San Juan
2035
